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Día de la Mujer: Sobrevivientes de violencia doméstica son aterrorizadas por ICE

Las nuevas leyes de inmigración están colocando a víctimas indocumentadas entre la espada y la pared: elegir entre dejar a sus parejas o dejar los Estados Unidos.

Por: Ana Cecilia Deustua / Migrante21

FILE – In this Sept. 10, 2014, file photo, an unidentified Guatemalan woman stands inside a dormitory in the Artesia Family Residential Center, a federal detention facility for undocumented immigrant mothers and children in Artesia, N.M. The nation’s immigration courts are already overwhelmed, facing a backlog of more than half a million cases. Recent directives from President Donald Trump’s administration to step up enforcement of immigration laws and expanding the number of people considered priorities for deportation could funnel even more people into the overloaded immigration court system. (AP Photo/Juan Carlos Llorca, File)

Los nombres de las víctimas han sido cambiados por su seguridad.

Por lo últimos 30 minutos, Juanita ha estado esperando en la puerta de la corte civil. Está inquieta, ansiosa, mirando constantemente sobre el hombro, barriendo cada centímetro de Indiana Avenue con sus ojos para divisar al agente de inmigración que la separara de sus hijos. El miedo ha estado cohabitando con una sensación de desasosiego desde que se despertó. “Ella no vendrá”, piensa 15 minutos después. Sospecha que su amiga, Agustina, una inmigrante indocumentada de Bolivia, no aparecerá para pedir una orden de restricción contra su esposo luego de varios meses de violencia doméstica que terminaron cuando Agustina fue al hospital con un brazo roto, dientes destrozados y visible corte en la frente.

Juanita conoció a Agustina hace un mes, cuando Agustina llegó a La Clínica del Pueblo buscando una salida a su infierno personal. Juanita la ayudó a desarrollar un plan de seguridad que comenzaba con la orden de restricción contra su marido. Agustina estaba ambivalente, pero Juanita le prometió que la acompañaría durante todo el camino. La orden de restricción era la culminación de un largo y doloroso proceso; sin embargo, luego de esperar una hora, Juanita aceptó que había sido plantada.

Juanita no puede culpar a su amiga de no aparecer; ella entiende perfectamente los miedos de Agustina: los golpes diarios son más tolerables que la deportación, el dolor físico es preferible a la carga de regresar a su país de origen y renunciar a un futuro más digno para sus hijos. “Es terrorífico, salir afuera y pensar que puedo ser deportada. El miedo me duele todos los días. No puedo dormir pensando que este día podría ser el último en los Estados Unidos. No podemos confiar en nadie, no en la policía, no en la corte”, llora. Juanita tiene un caso pendiente de visa U luego de reportar a su esposo por abuso doméstico en el 2014. Ella ha vivido en los Estados Unidos desde el 2005. “Mi vida está aquí. Este es mi país”.

Agustina no es la única mujer que ha detenido la denuncia y tratamiento frente a la violencia doméstica. En La Clínica del Pueblo,  solo la mitad de las 40 participantes del grupo mensual de apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica llegaron el último viernes. “Cuando llamamos a confirmar su asistencia, la mayoría nos dijo que no vendrían porque tienen miedo. Piensan que hay redadas en todas partes o que ICE las está esperando en la corte”, explica Dilcia Molina, coordinadora del programa Género & Salud.

Desde que el presidente Donald Trump firmó las nuevas políticas de inmigración que aumenta el arresto y deportación de inmigrantes indocumentados —no solo de personas con historia criminal— el temor se ha esparcido como fuego en la comunidad inmigrante. Y los múltiples reportes de redadas realizadas por la Policía de Inmigración y Aduanas  (ICE por las siglas en inglés) en escuelas, iglesias, restaurantes y diversos lugares donde se reúnen los extranjeros han convertido el temor en pánico. El 9 de febrero último, una mujer transgénero fue a la corte en El Paso, Texas para pedir una orden de restricción contra su abusivo novio. Luego de recibir el documento, los agente de ICE la arrestaron dentro de la corte. “Ellos entraron a la corte y creo que eso manda un horrible mensaje a las víctimas de violencia domestica en si pueden o no buscar justicia en nuestra corte”, declaró el fiscal distrital Jaime Esparza.

El departamento policial en Washington, DC, recibe aproximadamente 33,000 reportes de abuso doméstico cada año. Entre ellos, 300 son de residentes hispanohablantes, un número muy bajo que no se correlaciona con la población latina en el distrito. “No están reportando los casos. Nuestras clientas siempre han estado muy asustadas de denunciar su victimización, pero habíamos logrado explicarles como funciona el sistema. En el pasado, las hemos alentado a denunciar porque había ciertos beneficios en reportar y colaborar  con la policía. Ahora es mucho más difícil porque las prioridades han cambiado”, explica Paula Fitzgerald, Directora Ejecutiva de Ayuda, una organización comunitaria que conecta inmigrantes con abogados bilingües. “Siempre les decíamos que reportan y que nada les va a pasar. Ya no podemos hacerlo”.

Los riesgos son mucho más altos para las víctimas de abuso doméstico. Muchas de ellas han soportado años de violencia y abuso antes de decidir ponerle fin a la situación. Lamentablemente, el agresor —un enamorado, conviviente o marido— usualmente no se va y obliga a la mujer a quedarse. El primer paso es reportar la agresión a la policía, una entidad que, en el nuevo ambiente político, se ha convertido en el enemigo. “El principal problema para mi es la mentalidad de la comunidad”, dice Natalia Otero, Directora Ejecutiva de Dc-Safe, una organización comunitaria que ayuda a las sobrevivientes de maltrato doméstico. “Si temen que no van a recibir un trato justo, que pueden estar en peligro por contactarse con estos actores del sistema legal como la policía y la corte; entonces van a demorarse más en pedir ayuda. Si tienen que tomar una decisión entre estar protegidas y estar en una relación abusiva, es posible que elijan quedarse en la relación abusiva”.

Las víctimas indocumentadas no son las únicas que están en peligro; mujeres inmigrantes que se casaron con ciudadanos americanos y descubren que sus marido son violentos pueden titubear en reportar al esposo porque tienen miedo de perder su estatus. “Es un elemento de poder y control por parte de los maridos violentos. Las nuevas regulaciones les han dado un juguete más con que manipular a sus víctimas”, añade Dilcia Molina.

Aunque la ruta para salir de una situación de  violencia doméstica es desalentador, Paula Fitzgerald le dice a las sobrevivientes que no pierdan las esperanzas porque han ciertas protecciones contra el maltrato. “Es importante siempre consultar con un abogado de inmigración porque hay herramientas a través de leyes de inmigración para darle a la víctima permiso de trabajo, trámite para la residencia y ciudadanía para ellas y sus hijos”.

El Acta de Violencia Contra la Mujer —firmada por el presidente Bill Clinton en 1993— ayuda a las mujeres inmigrantes que se casaron de buena fe con un esposo americano a que se pidan ellas mismas para la residencia permanente en vez de hacer un pedido familiar. Además, la visa U se le da a inmigrantes que han sufrido abusos y están dispuestos a colaborar con la policía en la investigación del criminal. “Es un gran mecanismo que también ayuda a la seguridad pública alentando a reportar y colaborar con la justicia”, detalla Paula. Sin embargo, todo comienza con acercarse a la policía.

Juanita es una de las sobrevivientes que han hecho la petición para la visa U. Nació en El Salvador y trabajó como acróbata en un circo itinerante. Su padrastro la violaba desde que tenía siete años. Se casó dos veces y sus dos maridos abusaron de ella física y sexualmente. “Mi primer esposo me ataba con cadenas, me rompía la ropa, me golpeaba y violaba me dijo tres días sin comer estando embarazada. Cuando lo denuncie, la corte le dio la custodia de mis dos niños porque yo no sabía leer y escribir. Mi segundo esposo casi me mata. Me golpeó la cabeza con un arma y mandó al hospital”, ella recuerda.  

La primera sugerencia de no solo dejar a su marido sino también dejar su país vino de una amiga que vivía en el ese entonces lejano Washington, DC: “Le conté a mi amiga el abuso que sufría. Me dijo que era muy injusto lo que me pasaba y más injusto era que nadie me ayudara. Me dijo para venir a los Estados Unidos. Que acá podría ser libre, que nadie me juzgaría. Decidí que no quería morir, que quería ver a mis hijos crecer. Y si en el camino a los Estados Unidos me moría, por lo menos habría intentado ser libre y darle un mejor futuro a mis hijos”.

Juanita pasó un mes viajando de El Salvador a los Estados Unidos. Fue violada en Guatemala, y en México pasó tres días en el desierto sin dormir o tomar agua, demasiado frío por las noches y demasiado calor en los días, con ampollas y cortes en los pies. Cuando llegó a DC consiguió trabajo. Luego de dos años pudo traer a sus cuatro hijos. Sin embargo, los diablos del pasado no la querían dejar en paz. Luego de un año viviendo en el distrito, su segundo esposo la encontró cuando salía del trabajo. “Me estaba siguiendo, diciendo que quería conversar. Yo lo ignoraba y seguía caminando, hasta que me agarró de los hombros y  me gritó: Cuando yo te hablo, tu paras y me escuchas! Yo pensé que me iba a golpear”. Felizmente, sus vecinos se dieron cuenta del incidente y lo detuvieron. Juanito se mudó y cambio de empleo, pero el volvió a aparecer en su nuevo centro de trabajo, así que se mudó nuevamente. Semanas después le contaron que su esposo había sido deportado de vuelta a El Salvador.

En el 2014 su marido regresó a atormentarla. “Estaba viviendo con mis hijos en un sótano. Estaba yendo a comprar comida cuando alguien me toca el hombro. Volteo y es el. Pensé que me iba a matar, pero fui valiente y le grité: Este no es nuestro país. Voy a llamar a la policía y vas a ir preso! Golpeó la puerta, pero yo le seguí gritando. Mis hijos escucharon mis gritos y salieron a ayudarme. Ellos me rogaban que lo denuncie a la policía, pero yo tenía miedo, no quería problemas con la policía”. Sin embargo, su esposo comenzó a aterrorizar a su hija y finalmente decidió ir  la policía. Consiguió una orden de restricción y él nunca volvió a aparecer más. Los abogados le dijeron que con su caso podía conseguir una visa U y decidió ayudar a las autoridades y aplicar a este nuevo estatus migratorio.

De eso ya dos años.

“Al principio estaba calmada, sabía que ellos tienen sus tiempos, pero ya no más. Están cambiando las reglas y yo estoy aterrada.”

Actualmente ella trabaja como promotora, acompañando a otras sobrevivientes en el vía crucis hacia la libertad, un trabajo que la enorgullece. Ella entiende cada sentimiento, cada frustración y cada vacilación porque ella también las sintió. Y comprende perfectamente la batalla entre el miedo a ser deportada y la posibilidad de morir a manos de alguien que se amó. Sin embargo, ella aconseja a las mujeres que están viviendo con una pareja violenta que busquen ayuda en las organizaciones comunitarias para denunciar los maltratos. “Incluso ahora, tenemos que denunciar la violencia doméstica. A pesar que por dentro estemos aterradas, que estemos temblando;  nuestra voz vale.  Estamos aquí porque somos mujeres abusadas, perseguidas, que venimos a luchar por nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que saber que hay una guerrera que va a luchar por ellos. Y si me deportan, no es que lo desee, pero por lo menos yo luché por mis derechos.

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